Alguna vez, durante los debates en torno al futuro de Costa Salguero, me preguntaron jocosamente quién habrá escuchado a las miles de personas que se inscribieron para hablar. Respondí lo mismo que ahora: que en las audiencias –tanto virtuales como presenciales– se ven arquitectos, urbanistas, maestros, sociólogas, comerciantes, jubilados, gente joven, vecinos de Lugano o de Villa Crespo. No siempre el discurso que uno escucha es el más articulado y algunas voces son contradictorias, pero en general se habla con conocimiento de causa (muchos al menos leyeron el proyecto) y suelen aparecer buenos argumentos, producto –entre otras cosas– de la riqueza de miradas. Simulacro de participación Jorge Macri hizo campaña criticando el Código Urbanístico vigente, sancionado durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. "Nos guía un objetivo muy claro: respetar la identidad de cada barrio. No vamos a permitir más que en las zonas residenciales se construyan edificios que no cuiden la esencia de cada manzana y vamos a promover desarrollos solo en avenidas con la infraestructura adecuada", dijo el jefe de Gobierno en una nota enviada a la Legislatura. Si nos guiamos por lo discursivo, podemos llegar a creer que estamos frente a un líder local alineado con las demandas de los grupos organizados de vecinos. Pero un somero repaso por los hechos de los últimos meses alcanza para relativizar esta idea. En febrero, las cuentas oficiales de Jorge Macri lo mostraron en un café junto a un puñado de representantes vecinales en un encuentro controlado. Por el mismo momento, la Secretaría de Desarrollo Urbano de la Ciudad decía que estaba "recopilando consideraciones de los vecinos" (incluyendo 30 reuniones) para tener "un proceso lo más abierto posible". Pero el proyecto que ingresó en la Legislatura a finales de julio –que baja las alturas máximas permitidas en ciertas áreas de barrios específicos a cambio de habilitar torres de hasta 30 pisos en numerosas avenidas– no parece haber reflejado estas inquietudes. "En lugar de proteger la identidad barrial y garantizar un desarrollo equilibrado, este plan parece orientado a beneficiar intereses inmobiliarios a costa de nuestra calidad de vida. Se incrementan las alturas permitidas en zonas residenciales, se fomenta la densificación sin la infraestructura necesaria y se minimiza la protección del patrimonio histórico", dijeron instituciones del barrio de Saavedra en una nota dirigida al alcalde. "A lo largo de este proceso, el Gobierno ha ignorado las voces de los vecinos, realizando reuniones que no fueron abiertas ni inclusivas. Como resultado, muchas de las preocupaciones legítimas de quienes vivimos en estos barrios no han sido consideradas", aseguraron. Se podrá argumentar que no es posible escuchar todos los reclamos, mucho menos incorporarlos a un proyecto con algún grado de complejidad técnica como un Código Urbanístico. Por eso mismo es importante la opinión de los especialistas… y éstos tampoco fueron escuchados. "A pesar de los reiterados pedidos cursados al Sr. secretario de Desarrollo Urbano, el CPAU, institución que administra la matrícula en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no pudo acceder a una versión escrita, ni siquiera en borrador, ni mucho menos definitiva, antes de su presentación", dijo el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. El sur también existe Recién en septiembre, con el proyecto del oficialismo aprobado en primera lectura, las autoridades del CPAU pudieron acudir a la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura para presentar sus reparos sobre la iniciativa. "Nos preocupa el tema de la transferencia de la capacidad constructiva y el declamado interés de desarrollar la zona sur porque, en verdad, no hay una idea de desarrollo urbano para ese territorio", sostuvo Rosa Aboy, que hace poco finalizó su mandato como presidenta del organismo. "Queremos saber cuál es el plan de reactivación allí más allá de transferir aquellos metros que se construyen en el norte". La Capacidad Constructiva Adicional (CAC) es una herramienta central del nuevo CUR, que le permite a aquellos que desarrollen vivienda en la zona sur de la ciudad, ganar cuadrados adicionales para construir en las áreas del norte que ya le interesan al mercado inmobiliario –y que hace años concentran el grueso de los nuevos desarrollos–. El gobierno porteño justifica esta herramienta a partir de una brecha norte-sur que ilustra mediante un "Índice de cobertura de las necesidades de la vida cotidiana" y que evalúa la proximidad a la infraestructura de servicios en toda la ciudad. |
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