En América Latina y el Caribe, el agua ha dejado de ser un asunto secundario o estrictamente sectorial. Hoy constituye un superconector estratégico del desarrollo sostenible, en la medida en que condiciona simultáneamente el bienestar de la población, el desempeño de los sectores productivos, la sostenibilidad de los ecosistemas y la capacidad de los Estados para sostener trayectorias de crecimiento más inclusivas y resilientes.
Este enfoque se vuelve especialmente relevante en un contexto marcado por múltiples trampas del desarrollo, crecientes presiones climáticas y la necesidad de impulsar transformaciones productivas compatibles con la sostenibilidad ambiental. En este escenario, tratar el agua como una política sectorial aislada limita la capacidad de los países para anticipar riesgos, coordinar inversiones y resolver tensiones distributivas crecientes. Reconocer su carácter estructural e integrador implica situarla en el centro de la agenda de desarrollo y de las decisiones estratégicas de política pública.
Las brechas históricas de acceso, calidad y saneamiento siguen siendo de gran magnitud. En la región, 2,5 de cada 10 personas aún no cuentan con acceso a agua potable gestionada de manera segura, mientras que 5 de cada 10 no acceden a saneamiento gestionado de manera segura. A ello se suma la precariedad de los servicios básicos de higiene en zonas rurales, donde 24 millones de personas continúan sin instalaciones básicas para el lavado de manos. Estas brechas muestran que el derecho humano al agua y al saneamiento aún está lejos de garantizarse de manera plena y equitativa (OMS/UNICEF, 2025; CEPAL, 2024a).
Sin embargo, el desafío no se limita a la cobertura. Incluso donde existe acceso, persisten problemas de calidad, continuidad, eficiencia operativa y sostenibilidad ambiental. En la región, solo el 46 % de las aguas residuales recibe tratamiento, mientras que el 43 % de los cuerpos de agua se encuentra en malas condiciones de calidad (OMS/UNICEF, 2025; CEPAL, 2024a). A esto se suma el deterioro progresivo de cuencas y ecosistemas acuáticos: en la cuenca del Plata, por ejemplo, los niveles de nitrógeno se han duplicado en los últimos 30 años y la demanda bioquímica de oxígeno ha aumentado un 30 %. Al mismo tiempo, la infraestructura presenta altos niveles de deterioro, con pérdidas de agua de hasta un 60 % por fugas e ineficiencia, lo que erosiona gravemente la capacidad de los sistemas para prestar servicios de calidad. Todo ello ocurre, además, en un contexto en el que el cambio climático intensifica las sequías, las inundaciones y otras formas de estrés hídrico (ibid.)
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