28 Mayo, 2019
Por Luis Alberto Zanela
Senadora Gabriela Benavides, del PVEM
A principios de abril de este año, en el Senado de la República, se aprobó la iniciativa impulsada por Gabriela Benavides para que las Administraciones Portuarias Integrales (API) transfirieran el 30% de sus excedentes de ingresos anuales a los municipios que albergan a los puertos, con la finalidad de que se inviertan en la mejora de las relaciones puerto-ciudad, así como en rehabilitación de infraestructura. La iniciativa hasta ahora no ha sido aprobada en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, en días pasados la senadora Benavides colaboró con un texto en la página de Internet de la Red Mundial de Ciudades Portuarias donde expuso que México es el país donde más recientemente se han dado pasos en la materia.
“El último avance ha tenido lugar en México, donde en el mes de abril de este año el Senado aprobó por unanimidad una reforma de la ley nacional de puertos, aumentando la implicación de las autoridades portuarias en el desarrollo urbano local, que tendrán que dar el 30% de los excedentes de sus ingresos anuales. Teniendo en cuenta la importancia de esta iniciativa, AIVP decidió dar la palabra a la senadora Gabriela Benavides (PVEM), la principal promotora de la nueva ley, para entender mejor el contexto, funcionamiento y repercusiones de la misma”, sostuvo el texto ingresado a la AIVP.
De acuerdo con la senadora, quien fuera alcalde de Manzanillo e integrante del Consejo de Administración de la API, mucho se habla de la importancia de la relación puerto-ciudad, “pero tristemente” esta ni siquiera se encuentra consagrada en la Ley de Puertos (Ley) o en el Reglamento de la Ley de Puertos (Reglamento).
“Las ciudades como Manzanillo, que tienen que coexistir con la actividad portuaria, se ven beneficiadas en cuanto a la generación de empleo y economía para la región pero a la par se ven severamente afectadas con dicha relación en cuanto a: I) la logística de tránsito y movilidad, II) el deterioro de la infraestructura urbana y de los servicios públicos, III) el menoscabo a los recursos naturales y turísticos de la región, entre otros”, mencionó.
No obstante, conforme a la Ley y el Reglamento, las API se encuentran imposibilitadas para llevar a cabo acciones y/u obras que puedan aminorar o resarcir el daño que provocan a las ciudades en las que residen (cuando dichas acciones u obras se encuentran fuera del recinto portuario).
Esto es preocupante, insistió Gabriela Benavides, porque en la realidad “podemos observar puertos que compiten a nivel internacional entre los mejores de la región y el mundo en general, pero al mismo tiempo vemos que las ciudades en las que estos se encuentran instalados padecen los estragos de su gloria”.
“Todo el dinero que los puertos generan se concentra en la federación y poco, e incluso en ocasiones nada, regresa a la ciudad de origen; es decir, que estas últimas deben lidiar con las consecuencias y los daños de la actividad portuaria pero no reciben beneficios directos de ellas. Esto sin duda alguna se traduce en una menor calidad de vida para los ciudadanos que habitamos en estos lugares y que somos los principales afectados de la falta de justicia social al no existir una relación puerto-ciudad clara y contundente en nuestro sistema jurídico-económico”, enfatizó.
Bajo ese escenario, la legisladora presentó esta reforma que contempla cuatro ejes:
- El primero, consagrar la relación puerto-ciudad como concepto en la Ley y reconocer expresamente que dicha relación debe ser una prioridad para las autoridades federales, así como para las API.
- Segundo, que la Secretarías de Bienestar y de Comunicaciones y Transporte (SCT) deben procurar en todo momento un desarrollo armónico entre los puertos y las ciudades, supervisando que la inversión en obras de infraestructura sirva para generar un beneficio directo a la comunidad, cuidando el entorno urbano, las vías de acceso y el medio ambiente.
- Tercero, el establecimiento de lineamientos de coordinación y cooperación interinstitucional e intergubernamental, con el objeto de que la organización portuaria se vincule estrechamente con el desarrollo armónico entre el puerto y la ciudad.
- Y cuarto, que el 30% de los excedentes que generan las API puedan entregarse directamente a los gobiernos de los estados en los que estas residen para que puedan ser utilizados en infraestructura urbana, servicios públicos y/o acciones para mitigar o resarcir el daño ambiental provocado por la actividad portuaria.
Si deseas conocer la contribución de la senadora Gabriela Benavides en la AIVP, puedes entrar a este link.
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